El “curioso” caso de la Justicia Federal Mendocina

Fue a partir de que se ordenara la digitalización de los archivos de las causas 20.840 que se percibió claramente algo que las víctimas del Terrorismo de Estado llevaban como una herida lacerante hace más de tres décadas, cuando los funcionarios de la Justicia Federal daban largas a los hábeas corpus que debían haberle salvado la vida a nuestros compañeros.

A mediados de 1975, antes del golpe militar, se efectuaron los sumarios (acá, acá, acá y acá) que sustancian la denuncia ante el Consejo de la Magistratura por la cual recientemente fueron citados, los hoy camaristas, Luis Francisco Miret y Otilio Romano. Después del 24 de marzo de 1976, habiendo jurado por los estatutos de la dictadura estos funcionarios continuaron su carrera judicial, como muchos que aún conservan sus cargos en la Justicia Federal argentina, permanecieron cuando se reinstaló la democracia, como si nada hubiera pasado, y merced a las leyes de impunidad, acompañadas por un Estado empeñado en acallar a las víctimas de la dictadura, pudieron continuar sin demasiados sobresaltos.

Las víctimas no podían acceder a estos expedientes que se encontraban archivados, las vinculaciones que allí están probadas permanecieron dormidas en la oscuridad, otorgándoles tranquilidad a los perpetradores, mientras el tiempo pasaba, beneficiándolos con el ineludible punto final biológico con relación a querellantes y testigos.

Pero esa pax romana no estaba destinada a ser perpetua.

Con los juicios por la Verdad, empezaron a destaparse algunas relaciones como la de Miret con el Gral. Juan Pablo Saá, del cual había predicado “íntima amistad”, pero luego, en un súbito y conveniente ataque de olvido, no se excusó ni aceptó la recusación planteada, llegando a decir que el abogado de la querella mentía al respecto, pese a la existencia del escrito que lleva su firma y que obra en la causa “Romero Daniel y otros” del 20 de febrero de 1987.

La derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la reactivación de los juicios por delitos de Lesa Humanidad, fueron hechos que sumados hicieron que no hubiera más lugar para el silencio. Sin embargo, no pudiendo separarse de las viejas lealtades que supieron profesar, los jueces de la Cámara hicieron una y otra vez lugar a pedidos inconducentes de la defensa, desde permitir el envío de las causas a Córdoba, hasta liberar a todos los imputados, e incluso autorizar a Smaha a irse de vacaciones a la costa atlántica. A fines del 2008, esta conducta les valió una primera denuncia y posteriormente un áspero enfrentamiento con la Unidad de Coordinación y Seguimiento de investigaciones sobre terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación.

Más adelante, el Juicio Oral de San Luis, primer juicio que se desarrolló en Cuyo, tuvo enormes repercusiones en la Justicia Federal mendocina, con las declaraciones de testigos que involucraron al camarista Pereyra González, en una suerte de anticipo de las “noticias viejas” que derivaron del proceso de digitalización, que en un nuevo contexto histórico, revelaron, como dijimos anteriormente, el accionar de los camaristas Miret y Romano. Ante la evidencia que salía a la luz con una contundencia innegable, la estrategia que eligieron los Sres. Camaristas fue victimizarse al mejor estilo cobista, y acusaron al gobierno nacional de haber intentado negociar la denuncia que se presentó el 28 de diciembre de 2009 por un pronunciamiento favorable a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Como es obvio, la denuncia en su contra llevó varios meses de estudio y preparación, en el transcurso de los cuales, el diputado Thomas presentó su petición ante la jueza Olga Pura Arrabal, patrocinado por el ex- juez federal Luis Leiva. Pero al igual que el vicepresidente en ejercicio de la oposición y el jefe de desgobierno de la Ciudad Autónoma, quienes depositan en extraños sus propios pecados y culpas, el camarista Romano acudió a sus amigos, beneficiados por su resolución favorable a la suspensión de la Ley de SCA, para denunciar que era presionado y amenazado por los organismos de derechos humanos, por las presentaciones efectuadas ante el Consejo de la Magistratura. Curioso punto de vista de un hombre del derecho que considera “amenazas” a los escritos y ni siquiera presta atención a hechos delictivos que llevan un mensaje mafioso e intimidatorio hacia querellantes y víctimas de los crímenes de lesa humanidad (acá, acá, acá y acá).

Ante la revelación pública de la actuación del camarista Luis Francisco Miret, los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNCu, en la cual el magistrado dicta clases nada menos que de “ética”, pidieron su suspensión hasta tanto finalice el trámite del Consejo de la Magistratura y la denuncia penal presentada en su contra. Después de cumplir todos los pasos legales, otorgándoles todas las instancias para presentar su descargo, el Rector, aconsejado por una resolución unánime del Consejo Superior, dictó la suspensión a Miret como profesor.

La respuesta del interior del foro federal no se hizo esperar y puso en evidencia la articulación del poder económico y concentrado en la provincia. El día 1° de julio estaba previsto que se iniciaran los juicios por los delitos de lesa humanidad en San Rafael, presididos por un Tribunal Oral integrado por Roberto Burad, Héctor Cortés y Roberto Naciff, sin embargo, el primer juicio en Mendoza, sufrirá un nuevo retraso, por la interposición de una recusación basada en causas que sólo pueden mover a hilaridad. Los abogados de la defensa de los represores, argumentan en base a un artículo aparecido en el diario de Don Daniel, que los miembros del Tribunal deben ser recusados en el caso de Cortés por haber ido a la charla y respecto de Burad y Naciff, por no haber sido oportunos al reprender al primero.  El artículo por otra parte miente al decir que el Fiscal Palermo se encontraba en la conferencia, como expresa dicha nota apócrifa.

En ese marco, los camaristas cuestionados por sus vínculos con la represión ilegal denuncian a los magistrados que iban a investigar los crímenes de lesa humanidad, por primera vez en la provincia de Mendoza, de demorar estas causas. Goebbels sonríe.