Había una vez, así es como empiezan los cuentos cuando uno es chico, la idea es poner distancia entre este momento, la realidad, y aquél tiempo mítico en que se desarrollará la fantasía que nos van a contar. Por desgracia, o no, a esta altura es difícil distinguir, en este tiempo, esta realidad actual, el “había una vez” que puede predicarse respecto de distintos personajes, o personas, no vaya a ser cosa que se sientan agraviados y concurran prestos a denunciarnos ante la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión del Monopolio, doña Silvina Giudice y su complicado peinado.
Había una vez, podemos decir de Pino, desde luego, Bonasso, Lozano, De Gennaro, para acercar el postín a la coyuntura electoral de la CTA en que esta muchachada terminó resignándose a transformarse en la peonada de este patroncito. Había una vez, Sarlo, Argumedo, Lanata, Caparrós, TNbaum, hasta que a unos se los comió el ego y a otros el monopolio y empezaron a largar barbaridades como ésta.
Pero había una vez, Olmos Gaona, hijo de Olmos, sí, que vino a decir esto, y aunque en el fondo ya nada nos sorprende demasiado, la versión claudicante a los intereses del monopolio es de una fragilidad equivalente al valor de Leuco.
Dice Olmos Gaona que Molinas “estaba sorprendido de que el gobierno de Raúl Alfonsín negociara con la familia Graiver una restitución de bienes, sin haber tratado de esclarecer debidamente la relación que ellos tenían con los montoneros”, tomando como herramienta un recuerdo, el suyo, que dos párrafos más abajo invalida como fuente fidedigna de un relato, respecto de Lidia y Osvaldo Papaleo y Rafael Ianover, pero que además, revela el costado menos amable de su construcción retórica, al basar el cuestionamiento a la causa de Papel Prensa en la relación Graiver-Montoneros. Como Carrió, que pretende centrar los hechos en situaciones anteriores al golpe de estado de 1976, en una resurrección de la “teoría de los dos demonios”, adjudicándole a la organización Montoneros peso equivalente al Terrorismo de Estado, y dice que las supuestas amenazas provenientes de Montoneros tienen la misma entidad criminal que los secuestros, torturas y asesinatos de los miembros del Clan Graiver practicados por el Terrorismo de Estado, crímenes, por cierto, denunciados y comprobables por abundante prueba documental y testimonial (aunque no le agrade a Olmos Gaona).
“Advertí que la "memoria" de la señora de Graiver, la de su hermano Osvaldo Papaleo y la del señor Ianover eran los únicos elementos que se tenían para demostrar una inexistente apropiación” dice más adelante, descalificando a las víctimas directas del hecho denunciado. Y no quisiéramos abundar sobre la necesidad de remarcar el carácter de víctimas, puesto que esto suele ser patrimonio exclusivo y casi excluyente de la opo-mediática adicta a la leucopatía, pero los Papaleo y Ianover fueron secuestrados y torturados, en algunos casos brutalmente, como lo fue Lidia Papaleo, lo que convierte a aquellos que constantemente niegan esta condición en meros rufianes a sueldo de los monopolios, con el único objetivo de defender la “adquisición” de Papel Prensa.
En ese éxtasis se halla, Olmos Gaona, cuando dispara “Y sobre esa memoria se construyó una versión que recién surge en nuestros días y que está ampliamente desvirtuada con las evidencias documentales”, cabe al respecto señalar que la prueba documental existente se compone de miles de fojas prolijamente estudiadas durante meses por equipos de investigadores y que se condensaron en un informe final, que detalla puntualmente las fuentes consultadas y que para Olmos Gaona, resultan inexistentes, convirtiéndole en uno de los especímenes que cuando se topan con algo que tiene patas de pato, cola de pato, alas de pato y pico de pato, decide que se encuentra frente a un oso polar.
“Cuando integré la Auditoría de la República del Ecuador, y asesoré al presidente de ese país, Rafael Correa, vi muchas de estas construcciones interesadas, con fines muy claros de persecución política”, retomando uno de los leit motiv preferidos del monopolio a la hora de enfrentarse a los crímenes de lesa humanidad, y que es “la venganza”, cliché favorito, también, de la pitonisa fracasada, y que realmente muestra cabalmente a sus expositores como fieros defensores de las corporaciones.
Pretender que la realización de investigaciones judiciales es la consumación de una persecución política, siendo la justicia la forma civilizada de exclusión de la venganza privada, es un devaneo carente de lógica argumentativa, es una contradicción tan inhóspita con los valores democráticos y republicanos que apabulla por sus implicancias. Es el argumento de los represores, “estos Montoneros, que perdieron en el campo de batalla, vienen a vengarse de nosotros ahora, metiéndonos presos”.
El otro argumento, gemelo de éste, es el del tiempo. ¿Por qué ahora? se pregunta la barra brava bienpensante del monopolio y lo repite al unísono en cada canal que tiene a su disposición. La respuesta surge tan diáfana como contundente, y de nuevo la emparenta con los juicios a los genocidas, porque ahora es el tiempo en el que la Justicia, que todavía tiene entre sus filas, a hombres que adherían al Terrorismo de Estado, que juraron las reglas inconstitucionales establecidas por la Dictadura, ha comenzado a depurarse.
¿Cómo explicarles, cómo transmitirles lo que ha sucedido en Mendoza con las imputaciones a los camaristas Miret y Romano, y que no es más que el eco de este tiempo de transición hacia una verdadera Justicia de la Democracia?
La pregunta, obligada, es en todo caso, porque los gobiernos anteriores no supieron, no pudieron o no quisieron, lo más probable, encarar estas tareas insustituibles para la construcción plena de las instituciones democráticas de depurar de personajes siniestros comprometidos con la dictadura los ámbitos en los que se decidía el destino de los argentinos. ¿No es de una perversión notable, entonces, seguir preguntándose por el tiempo?
Imaginen simplemente que a unos días de conocerse la resolución del Consejo de la Magistratura respecto de ordenar el juicio político de Miret, se fijó la fecha para el inicio del postergado Juicio Oral, que eleva entre otras la causa de Paco Urondo, y que comenzará el 17 de noviembre.
¿No es, entonces, la innegable prueba de la proscripción de la casualidad?
Una cosa tiene que ver con la otra. Tuvieron que pasar 27 años de democracia para que hubiera una ley de medios de la democracia, tuvieron que pasar 27 años para que los juicios se hagan sin cortapisas, tuvieron que pasar 27 para que la sociedad estuviera en condiciones de sostener que los derechos humanos no son un lujo ni una “jactancia” de los intelectuales. ¿Será por eso que muchos intelectuales, tan progres ellos, alguna vez, despotrican ante cuanto micrófono encuentran contra la “utilización de los derechos humanos”? De nuevo, no hay casualidades.
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