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miércoles, 26 de diciembre de 2007

Batallón 601

En lo que constituye la primer sentencia condenatoria desde la anulación de las leyes del perdón, contra uno de sus miembros, el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides fue condenado el 18 de diciembre, a 25 años de cárcel por los secuestros y desapariciones de cinco integrantes de Montoneros, detenidos ilegalmente al regresar al país, entre fines de 1979 y principios de 1980, en la denominada "Operación Murciélago" por el Batallón 601.

El fallo dispuesto por el juez Ariel Lijo, condenó a penas de 25 años para los represores Luis Jorge Arias Duval y Santiago Hoya; 23 años para Juan Carlos Gualco, Waldo Roldán y Julio Simón, alias "Turco Julián"; y 21 años para Carlos Fontana. Por su parte, Pascual Guerrieri recibió una sentencia de 20 años de cárcel.

Todos fueron hallados culpables de los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, apremios ilegales y reducción a la servidumbre, entre otros. Tanto la querella como la Fiscalía habían reclamado sentencias de 25 años.

El Batallón 601 fue un "engranaje de relevancia para el accionar de la dictadura y la concreción de crímenes de lesa humanidad", que coordinó el funcionamiento de todos los destacamentos de inteligencia y centros clandestinos del Ejército a lo largo del país. En un documento secreto de la inteligencia militar de junio de 1980 por la "Central de Reunión" se detallan las detenciones de los militantes montoneros y revela que la fuente es el Batallón 601 (el Servicio de Informaciones del Ejército).

El 25 de abril de 1981, en un acto público, como comandante del Cuerpo III Cristino Nicolaides admitió que los militantes montoneros que ingresaron en la llamada "contraofensiva" fueron detenidos en marzo de 1980, por agentes de las Fuerzas Armadas, al expresar que "pese al férreo control de fronteras y aduanas en 1980 dos células guerrilleras, de entre 10 a 14 hombres lograron ingresar al país, las que fueron desbaratadas, incautándoseles carpetas con abundante información".

En octubre de 1997, Nelson Ramón González, un sargento retirado del Ejército, en una entrevista televisiva declaró que Ricardo Zucker –una de las cinco víctimas de este caso- estaba enterrado en Campo de Mayo. Zucker había regresado al país desde Madrid, donde estaba exiliado, junto con su esposa, Marta Libenson, y Julio César Genoud.

A partir de estos dichos se abrió la indagación judicial sobre el destino de un total de quince personas. En 2002, el juez federal Claudio Bonadío activó estas investigaciones, ordenó detener a cuarenta represores y declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida.

Las seis victimas por las que serán juzgados estos militares son Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Ángel Carbajal, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky. Los cinco primeros continúan desaparecidos.

También fueron secuestrados otros militantes que participaron de la segunda contraofensiva: Eduardo Escabosa; Mónica Susana Pinus de Binstock; Liliana Goldenberg; Lorenzo Viñas, Padre Jorge Adur, capellán de la organización; Ernesto Emilio Manuel Ferré Cardoso; Jorge Gullo; Julio Suárez, ex Ministro de Gobierno de San Luis; José Dalmaso López, secretario general. de la CGTR; Ángel Horacio García Pérez; Elina Libenson; Míriam Frerchis; Raúl Milberg; Jorge Benítez Rey y Ángel Servando Benítez.

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