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La candidata

Por Jorge Devincenzi - Revista Zoom - 11/06/07

A primera vista, suena simpático y políticamente correcto: una atractiva mujer de edad media, ama de casa y exitosa, se presenta ante el público confesando que un buen día ha descubierto su auténtica vocación: la política. ¿Pero “hace política” para los ciudadanos argentinos o para la Organización Mundial de Comercio? Jefa del “Bloque Macrista Auténtico” y faro de luz del grupo informal Festilindo, la actual legisladora Gabriela Michetti, que adquirió cierto protagonismo como contendiente verbal de Aníbal Ibarra tras el desastre de Cromañón, gusta presentarse a sí misma como una universitaria “formada en temas de comercio exterior” que antes de acceder por primera vez a la legislatura, en 2002, jamás había desempeñado cargos políticos ni sentía el deseo de hacerlo.

Su curriculum público, que aparece en la página web de la Legislatura Porteña, lo desmiente.

Comenzó su carrera como asesora de la Comisión de Gestión Internacional de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires entre 1989, hace 16 años, y 1991. Luego ingresó a la Subsecretaría de Industria entre 1996 y 1998, y a la de Comercio Exterior del Ministerio de Economía entre 1998 y 1999. En enero 2000 fue nombrada Director de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Economía, hasta julio 2001. Y trabajó para el BID y el Banco Mundial entre 2002 y 2003.

¿Su actividad profesional bajo la conducción de Domingo Cavallo y su sucesor Roque Fernández, fue política o simplemente técnica?

Los antecedentes de Gabriela Michetti, también publicados en su curriculum, lo revelan: la legisladora se presenta a sí misma como especialista en normas de la OMC, Organización Mundial de Comercio, de lo que podemos concluir que la representante y ahora candidata, sí ha actuado en distintos cargos políticos, aunque no en el ámbito legislativo.

¿Para qué querría una especialista en comercio exterior un cargo en la legislatura porteña?

La pregunta contiene una enunciación incorrecta.

La Michetti no pretende fomentar en el gobierno local la exportación de artesanías urbanas y dulces caseros, ni la importación masiva de preservativos fabricados en Singapur para ser repartidos en los festivales de rock, porque de eso no se ocupa la OMC.

Esta organización es un organismo supranacional creado en 1994 con el objetivo de institucionalizar universalmente los acuerdos del GATT (la denominada Ronda Uruguay, entre 1986 y 1994) en la dirección marcada por el Consenso de Washington: apertura, desregulación y privatización. Entiende en tres aspectos: (liberalización total en el comercio de mercancías, idem en el comercio de servicios y protección de derechos de propiedad intelectual, a través de farragosos acuerdos binacionales, subregionales e incluso continentales. En lo que a América se refiere, eso se llama ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), sobre la cual insistirá el presidente Bush en su próxima visita a Mar del Plata en la Cumbre que se viene.

La estrategia de la OMC consiste en avanzar tozudamente hacia varios objetivos: primero, lograr la constitución de zonas de preferencias comerciales; segundo, áreas de libre comercio, seguidas por una unión aduanera global que preanuncie un Mercado Común con una libre circulación de los factores productivos (capital y trabajo) con hegemonía norteamericana, la unión monetaria con el dólar como moneda común y por fin, la distopía tan temida de una Unión Política donde se adoptarían políticas “medioambientales, sociales, laborales y culturales comunes”.

Esta ideología de la integración desigual ha tenido distintos tropiezos, incluso a pesar de los líderes de países perjudicados que fueron cooptados alegremente por los postulados neoliberales. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que agrupa a México, Canadá y EEUU, determinó eliminar las barreras comerciales, facilitar el movimiento transfronterizo de bienes y servicios, promover la competencia y la inversión, asegurar los derechos de propiedad intelectual, así como medidas para defender el medio ambiente y establecer normas laborales comunes. Pero México fue desplazado por China como socio comercial preferencial de EEUU, porque la electricidad y fuerza laboral (¡!) asiáticas son más baratas, con lo que el TLCAN quedó en el terreno virtual de la letra muerta. El pueblo mexicano pagó un costo altísimo. En otro orden, los países del OCDE (industrializados) presionan por la liberalización en finanzas y servicios pero se resisten a eliminar el proteccionismo en el sector primario, aunque detrás de esa resistencia se esconde el enfrentamiento entre EEUU y el Mercado Común Europeo, quienes defienden a sus propios productores agropecuarios.

Todo esto parece muy alejado de una legislatura local, pero no es así.

La OMC establece acuerdos bilaterales o multilaterales que afectan el funcionamiento interno de las naciones, como subsidios, regulación de precios, reintegros, impuestos, leyes de defensa de la competencia, códigos laborales, patentes de propiedad intelectual, etc. Pero sobre todo -y aquí aparece por fin la diputada Michetti- ha acordado que bienes sociales anteriormente sujetos a políticas públicas sean considerados mercancías sujetas a las condiciones de mercado y a su apropiación privada. Estamos hablando de la educación, la salud y la seguridad.

Para la OMC, los países miembros aceptan que las empresas extranjeras obtengan el mismo tratamiento que las locales, incluido el estado. En el caso argentino, una aceptación a libro cerrado del ALCA significaría que el Estado, el mayor proveedor de educación, salud y seguridad, debería aceptar la libre competencia con corporaciones privadas en igualdad de condiciones en cada una de estas materias. También implica que se deben aceptar standards internacionales de calidad y criterios de evaluación externa mediante organismos supranacionales, lo que ya se está haciendo en el ámbito universitario. En efecto, según la Ley de Educación Superior de 1995, cada universidad pública es monitoreada por un organismo, la CONEAU, a su vez auditado por el Banco Mundial, limitando severamente la anterior autonomía reformista, y en este sentido encaja a la perfección con las directivas de la OMC. Dos datos sorprendentes: uno, que así como los países son severamente monitoreados para que cumplan los acuerdos, nadie monitorea (ni siquiera benévolamente) a los organismos monitoriadores; y otra, que se autoriza la privatización de esas auditorías, lo que supone un colosal negocio global.

Afortunadamente para los ciudadanos de Buenos Aires, el gobierno local no tiene ingerencia sobre la educación superior pero puede alertarnos sobre dónde saltará la papa.

Las ideas de la diputada Michetti en materia educativa y de seguridad están muy a tono con su equipamiento técnico en normas de la OMC.

En este último aspecto es asesorada por el también candidato (de Recrear en la provincia de Buenos Aires) Eugenio Burzaco. El asesor-candidato es dueño de la empresa Servin Seguridad, y acaba de recibir en Miami un premio (otorgado por la fundación Atlas, propiedad de la petrolera Atlas Copco) por la edición de su libro “Mano Justa”, una suerte de variación sobre la tolerancia cero del ex-alcalde Giuliani. Con la Michetti compartió claustro en la universidad de Georgetown, Washington D.C., a orillas del río Potomac.

Con el sugestivo antecedente de haber sido asesor de un representante (diputado) del Estado de Arizona en el Congreso de los EEUU, Burzaco -no podría ser de otra manera- se postula como candidato a Secretario de Seguridad si Macri llega alguna vez al podio máximo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Se atreverá a privatizar la policía de un saque o comenzará por “privatizaciones periféricas”? ¿Tendrá más seguridad el que paga una cuota más alta?

En el terreno educativo se conoce mucho más, porque Michetti es asesorada por Mariano Narodowsky, actual directivo de la Universidad Torcuato Di Tella y antes de la de Quilmes (de donde fue expulsado), creadas en 1989 y 1991 durante el vendaval menemista.

Narodowsky es partidario abierto de entregar la educación a los particulares, con subsidio estatal. Las escuelas se convertirían en empresas privadas cuyos contenidos curriculares serían definidos por especialistas pedagógicos (consultoras privadas) en las que el Estado no debe tener ingerencia alguna. Las propuestas de Narodowsky son verdaderos mamarrachos que la gobernación de San Luis -siempre ávida de novedades como la actriz Ester Goriz, la abanderada de la familia Rodríguez Saa- se apuró a comprar.

Como empresas privadas, además, las escuelas, según Narodowsky, deben estar sujetas a los caprichos del mercado, y el subsidio estatal se calcula y otorga no en función de una necesidad social sino del éxito en la matrícula. Habida cuenta de que se arranca con una monumental desigualdad de oportunidades, desigualdad que no se tiene en cuenta, las escuelas de los sectores sociales más vulnerables entregarían una educación de calidad inferior a aquellas donde concurren chicos de clase media y alta.

Los contenidos curriculares, además, deben ser provistos -recita Narodowsky- por consultoras privadas que difícilmente se avengan a cualificar los requerimientos pedagógicos de los sectores más humildes.

Esto marca la profunda coherencia de las recetas de la OMC con la ubicación de la legisladora Michetti en su banca.

Según algunas encuestas, la prédica del candidato Macri y sus seguidores de la “fundación Paganini” tendría más penetración en los sectores empobrecidos de la ciudad. El ser humano tiene la cualidad de tropezar dos veces con la misma piedra.


Comentarios

Andrés el Viejo ha dicho que…
No hay que ser injustos: Michetti también fue funcionaria de la Alianza. Otro cargo político y van...
guille ha dicho que…
Camina ,te lo aseguro.

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