El currículum y la candidata

El niño Maurizio no deja de sorprender con declaraciones como esta en las que dice que este es el gobierno más fascista que tuvimos en años,  es el mismo muchacho que recibió a esta manada, y que realizó actividades como ésta o ésta, para lo cual creó el ya famoso grupo parapolicial UCEP. Pero Mauri, que tanto se vanagloria de demócrata, no se caracteriza por respetar la independencia de los poderes, uno de los pilares fundamentales de la REPÚBLICA, tan cacareada en estos días por la oposición. Es más, durante varios meses sostuvo como Jefe de su flamante PRO-policía al insostenible Fino Palacios, contra la crítica y la movilización de vastos sectores de la población.

Pero nada de esto puede ser extrañar, puesto que el heredero de Franco, que dejó a un lado su pasado de empresario exitoso para entrar primero en el fútbol y después en la política, es dueño de un grupo creció al calor de la dictadura militar. Así, nos cuenta Zarranz, que el Grupo Socma del cual Mauri fue vicepresidente hasta el 2003, en 1975 tenía 7 empresas y al concluir la dictadura tenía 46. Como parte de la “Patria Contratista”, Socma se benefició con la licuación de los pasivos empresarios, por la “expropiación” de la deuda externa privada, que por obra y gracia de Domingo Felipe se convirtió en pública, en 1982. En 1979 obtuvo MANLIBA, empresa que realizaba la recolección de residuos en forma privada en la ciudad de Buenos Aires y cuya concesión terminó con un escándalo, después de la renovación de la misma en la época de Grosso, con el voto, entre otros, del entonces concejal Federico Pinedo.

Según Norberto Laporta "la versión fue que cada uno de los concejales que asistieron al recinto recibió 50 mil dólares por hacerlo. Se hablaba de un total de coima de 3 millones de dólares. No es mucho si usted piensa que de aprobarse el proyecto la municipalidad debe indemnizar a Manliba con 50 millones de dólares" (Luis Majul, "Los dueños de la Argentina", pág. 131). Será por eso que el actual Jefe de Gobierno mantiene una guerra sorda contra los cartoneros a los que sigue viendo como competencia desleal de un negocio que todavía siente como propio.

La nómina de empresas integrantes del holding está integrada también por:

Intron (en la actualidad 60 por ciento de Siemens y 40 por ciento de Socma), en los 90 accedió al negocio de la administración de los recursos del Gobierno de la Ciudad, a través de la UTE-Rentas. Emitía, entre otras cosas, las facturas de ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) y el impuesto automotor. El contrato era de 10 millones de pesos anuales. Maneja una de las dos empresas de Control fotográfico de vehículos. Está integrada por SEPSA y Sistemas Catastrales, esta última maneja la detección de infracciones en obras y se ocupa de fiscalizar la construcción de edificios, las ampliaciones no declaradas en viviendas y también la aprobación de planos dentro de la jurisdicción porteña. Se trata de un contrato por 20 años. Lozano recuerda que los contratos de Rentas fueron rescindidos por Ibarra cuando estuvo al frente del Gobierno de la Ciudad. "Los resultados son elocuentes: el Estado de la Ciudad de Buenos Aires gasta 30 millones de pesos menos", señala.

SEPSA, más conocida como Pago Fácil, fue contratada por el Banco Ciudad para el cobro de impuestos. Su facturación promedia los 4 millones de pesos anuales. El Banco Ciudad le paga a la empresa de Macri un peso por boleta. Funciona en Argentina, Brasil y Méjico

IECSA es una empresa especializada en ingeniería en construcciones. Se presentó en dos licitaciones una, por 70 millones de dólares, para la construcción de los denominados “reservorios”, para mitigar las inundaciones en la  Ciudad, la otra es por 22 millones de dólares para construir a nuevo la Casa Cuna.

El Grupo Macri, con el Banco Galicia como socio minoritario, se adjudicó en 1997 la privatización del Correo Argentino, por un canon semestral de 51,6 millones de pesos/dólares. En 1999 dejó de pagarlo y en septiembre de 2001, entró en concurso preventivo con una deuda de $ 900 millones. La deuda del grupo con el Estado se elevaría a 659 millones de dólares (en el 1 a 1), sin tener en cuenta los intereses. El Gobierno de Kirchner le quitó la concesión por el canon atrasado pero la deuda sigue impaga.

Socma llegó a controlar más de 60 empresas, comenzando por Sideco Americana (construcción), Sevel (automotriz), Pluspetrol, Dragados y Obras Portuarias, R.S.Z. y A. Producciones, Ecogas, Canale, Coragri y Estancias del Sur (alimentación), Autopistas del Sol-Servicios Viales,  Cralco (alimentos congelados), Pitey (lácteos), Macair Jet (transporte aéreo de pasajeros y de carga), Buenos Aires Golf Club (inmobiliaria), GNC Galileo (gas natural comprimido), Salta Cotton (desmotadora de algodón), Yuto (actividades agropecuarias), Líneas De Transmisión Del Litoral (transporte de energía eléctrica), Yacylec (transporte de energía eléctrica), Central Urugua-i (generación de energía eléctrica), Geometal (minería), Creaurban (inmobiliaria), Puentes Del Litoral (construcciones) y firmas en Brasil como: Basilar (farináceos), Isabela (farináceos), Zabet (farináceos), Prenda (industria cárnica), Chapecó (industria cárnica), Termorio (energía eléctrica), Novatrans (energía eléctrica), Enterpa (recolección de residuos), Civilia Engenharia (construcción), IECSA Brasil (ingeniería y construcciones en Brasil), y otros países latinoamericanos como Servicios Viales (concesionario vial en Colombia) o IECSA Perú (ingeniería y construcciones).

En 1993, la DGI a cargo de Carlos Tacchi, denunció a Sevel por 360 millones de dólares por mala liquidación del IVA, Sevel Argentina exportaba autopartes a Sevel Uruguay, cobrando reintegros por exportaciones, esas piezas eran ensambladas allí, e importadas a la Argentina como automóviles terminados, así Sevel cobraba reembolsos por exportaciones y realizaba las importaciones con un arancel diferencial del 2 por ciento.

Con la llegada del menemismo a Servicios Viales S.A. se le adjudicaron en 1990 1.080 peajes, que cubren 51 km de rutas nacionales, durante 10 años recibieron, en plena convertibilidad, 31,01 % de aumento de tarifas, en promedio.

El estudio de Lozano plantea que entre los grupos fuertemente beneficiados por la pesificación de Duhalde se encontraba entre las primeras filas el Grupo Macri, al haber recibido una “transferencia de ingresos desde el conjunto de la sociedad argentina hacia estas tres compañías que integran el grupo fue del orden de los 200 millones de dólares" (Claudio Lozano: Concentración Económica Y Riesgo Democrático; Mayo de 2003).

Pero hablando de Daniela Bruna Ugolini, cuya candidatura es promovida por el niño Maurizio para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ha firmado como fiscal de Cámara dictámenes que favorecen al ejecutivo macrista o que contradicen el derecho nacional e internacional en materia de derechos humanos (acá).

Entre sus resoluciones encontramos como Procuradora: dictaminó que la mujer casada debía pedir permiso a su marido para la ligadura de trompas. Dispuso que se impidiera el ingreso a su secundario de una alumna de 17 años de una agrupación anarquista “asistido por personal de seguridad y, en su caso, por la fuerza pública”. Como Fiscal: se pronunció a favor de los 2400 despidos que dispuso Macri, a favor de la intervención de la Obsba, a favor de las 700 recusaciones que la gestión PRO lanzó contra el juez Gallardo, a favor de mantener cerrada la muestra de León Ferrari por ser una “obra anticristiana”; también dictaminó en contra de ordenar al Ejecutivo que hiciera refacciones en el Hospital Moyano, en contra de devolverle los días de paro a los docentes porteños, en contra de incluir a ATE en las negociaciones colectivas, en contra de darle una vivienda definitiva a los habitantes de la incendiada Villa Cartón, en contra de proveer agua a tres manzanas de la Villa 31bis, en contra de incluir a un nuevo hijo de una familia carenciada en un programa social, en contra de dar vacantes a los niños de la zona sur en los jardines de infantes, y en contra de la remoción de placas de represores y dictadores.

Ugolini posee, además en contravención al art. 119 de la Constitución porteña, parte de una inmobiliaria y es acreedora de un hotel y spa en Bariloche. La inmobiliaria es Maumar S.A. en sociedad con su conviviente Rubén Angel Puppo, vicerrector de Planeamiento y Desarrollo de la universidad privada Isalud, que casualmente, es una de las instituciones que avala la candidatura de la Ugolini al TSJ.

La candidata anduvo cosechando avales, entre los cuales está: el ex presidente Fernando de la Rúa, Rodolfo Barra, Adolfo Vázquez, Virgilio Loiácono, Ernesto Marcer, Juan Carlos Cassagne, Nicolás Gallo, Eduardo Amadeo, Irma Roy, la Fundación Nuestra Señora del Hogar; la Universidad ISalud, el juez Fernando Lima, y los camaristas Horacio Corti y Esteban Centanaro.

La curiosa idea de gravar los amparos, surgida de la entraña del macrismo, resulta reñida con toda concepción de ampliar y democratizar el acceso a la justicia, pero ya sabemos como trata estos temas la oposición, igual que en el caso de la libertad de expresión, se defiende a los poderosos y se condena al silencio y al desamparo a los humildes.

Como no podía ser de otra manera, el ministro Montenegro ha anunciado la creación de una fuerza hermana de la UCEP, con la finalidad de controlar los piquetes, en una muestra más de lo moderna que es la derecha macrista que retoma las tradiciones de sus mayores, las refrita y las presenta como un nuevo combo.