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jueves, 29 de julio de 2010

Los instructores yankys terminaron aprendiendo de los militares argentinos

Buscamos justicia por nuestros compañerosDesde el 1° de julio se desarrolla en San Rafael, en el sur de la provincia de Mendoza, el juicio por las desapariciones de José Guillermo Berón Llano, Pascual Armando Sandoval, Roberto Simón Osorio y Francisco Tripiana Funes.

En el banquillo de los acusados se sientan policías, militares y civiles. El coronel retirado Aníbal Alberto Guevara, los ex policías Raúl Alberto Ruiz Soppe, titular de la Unidad Regional II; el comisario José Martín Mussere, enlace con los militares; Juan Roberto Labarta, ex miembro del Departamento de Informaciones (D2) y el abogado Raúl Egea Bernal. El médico Cristóbal Ruiz Pozo, fue excluído en razón de su estado de salud, como Luciano Benjamín Menéndez, que se encuentra en juicio en Córdoba. Las imputaciones originalmente reprochaban a los acusados la privación ilegítima de la libertad agravada, por haber sido cometida con violencia o amenazas, pero posteriormente la Fiscalía obtuvo la ampliación de la acusación a "homicidio calificado por alevosía" y la detención de los procesados.

Después de la lectura del auto de procesamiento que se extendió por dos jornadas, el único imputado que decidió prestar declaración, Raúl Alberto Ruiz Soppe, que estuvo a cargo de la Regional II de Policía  desde el 19 de febrero al 29 de junio de 1976, negó ser responsable de las desapariciones, juró por sus nietos que no tenía conocimiento de las mismas hasta el 2006. "Yo cumplí con las órdenes de mis superiores, firmé e hice acto de presencia", dijo y agregó que “fueron traidores a la Patria todos los miembros del Poder Ejecutivo desde 1975 hasta la vuelta a la democracia”. Negó la existencia de Centros Clandestinos de Detención y dijo estar al tanto solo del secuestro de Rosa Luna, que se encuentra desaparecida, pero cuyo caso no se juzga en esta oportunidad.

Ruiz SoppeLos demás imputados se abstuvieron de declarar, por lo cual el Tribunal hizo leer las indagatorias prestadas con anterioridad.

Juan Labarta negó haber participado en detenciones y grupos de tareas, que nunca estuvo en centros de detención y que durante su paso por el D2 de San Rafael se dedicó a controlar el trabajo de los gremios que quedó inactivo tras el golpe de estado.

fotografiaAníbal Guevara negó responsabilidades como segundo jefe y recalcó que jamás recibió órdenes por canales ocultos. Había declarado anterioremente que sólo participó en dos o tres detenciones y que las órdenes eran dadas por sus superiores. Dijo que jamás entró a la Casa Departamental (denunciada como centro de detención).

Raúl Egea Bernal, por su parte había declarado que se dedicó a firmar actas de libertad y que todo fue ideado por Raúl Ruiz Soppe para proteger a la policía.

José Mussere se abstuvo de declarar en las dos instancias previas.

Entre los testigos que ya declararon se encuentran:

Haydée Tripiana, la esposa de Francisco Tripiana fue despedida de su trabajo, la fábrica “Valle de Oro” por la oficiosas gestiones del policía Daniel López, a la sazón, un vecino, que le decía que “ya va a aparecer, si lo dejamos en la puerta de la casa”. La esposa de López, sugería en tanto que Tripiana se había marchado con otra mujer. También relató que 10 días antes de la detención, Tripiana fue amenazado de muerte por Olivares, el policía a cargo del allanamiento que se realizó en su domicilio en busca de papeles comprometedores. Olivares  llegó a ser comisario de la Seccional 8va. Haydée Pérez de Tripiana, reconoció a Aníbal Alberto Guevara como uno de los hombres que allanó su casa por segunda vez, deteniendo a su esposo, que fue retenido en la Departamental, donde el Mayor Suárez le dijo que Francisco estaba incomunicado, pero le pidieron que llevara ropa y comida, hasta que una semana después le dijeron que no llevara más nada porque había liberado a Francisco en la puerta de su casa. Quiso presentar un hábeas corpus pero el juez Alfredo Porras se negó a recibirlo, tampoco fue recibida por el obispo, Mons. León Kruk, que en esa época era un entusiasta defensor de la dictadura. Años después se comprobaría que la firma certificada por el abogado Raúl Egea Bernal, en el acta de liberación era falsa.

Luis Barahona, quien era gremialista y empleado de la fábrica Grassi (a la que señaló por haberlo entregado a causa de ser delegado gremial) cuando fue secuestrado, el 28 de abril de 1976 de su domicilio en Malargüe y llevado por Mussere hasta la casa departamental de San Rafael, donde fue golpeado y torturado con picana, a raíz de lo cual durante 15 días no pudo comer por sí solo. “Estaba vendado, atado, me tiraban baldes de agua, me pegaban con palos, patadas y me daban picana” y lo interrogaban sobre Roberto Santucho y Norma Arrostito, declaró. El mayor Luis Faustino Suárez –jefe máximo en San Rafael- ordenó tras la tortura que lo arrojaran a El Nihuil, “pero me llevaron de vuelta a Infantería”. Reconoció también a Labarta, como responsable del D2. Durante su cautiverio en San Rafael compartió calabozo con José Berón, que fue trasladado una madrugada y hoy continúa desaparecido.  Barahona recobró su libertad el 12 de junio de 1977, después de haber sido llevado al D2 de la ciudad de Mendoza y posteriormente trasladado en avión desde la Cuarta Brigada a La Plata, donde estuvo detenido en la U9. En ese vuelo iban también Ángel Bustelo y Antonio Di Benedetto,

Isidro Humberto Calivar, que fue detenido el 23 de marzo de 1976, por una patota encabezada por Labarta, y fue llevado a Infantería donde estuvo junto a Roberto Osorio, que se encuentra desaparecido y Roberto López. Posteriormente al 24 de marzo, fue trasladado a la Casa Departamental donde compartió su cautiverio con Tripiana, Osorio y Sandoval, que están desaparecidos y Osvaldo Montenegro. Relató que idearon un sistema para saber si habían sido liberados debían enviar algo los que seguían presos. Relató que lo secuestraron de la casa de su padre y fue conducido a una dependencia policial, la sede de la URII de Policía, ubicada en calle Maza, entre El Libertador y San Lorenzo, cuyo jefe era el comisario Raúl Ruiz Soppe, y donde se estableció el 24 de marzo de 1976 el comando de la Subzona militar cuyo titular era el mayor Suárez.

Mario Agustín Lemos que comenzó a hacer el servicio militar en 1975, fue a Tucumán desde abril a agosto de ese año aproximadamente, luego estuvo en Campo Los Andes y finalmente en San Rafael. Una noche acompañó a sus jefes militares a un allanamiento que comandaba Guevara. Se trataba del secuestro de Tripiana. Tuvo conocimiento de que los detenidos eran torturados.

Horacio Martínez Baca, hijo del ex-gobernador, Alberto Martínez Baca, que fue detenido y conducido junto a su esposa, donde fue visto por Calivar. Recordó relatos de su padre, presentes en la declaraciones que se encuentran en el expediente.

Carlos Villar que estuvo detenido con Tripiana, no aportó gran cosa, por su “frágil memoria”.

Osvaldo Montenegro Taboada, gremialista del Sindicato de la Alimentación dijo que “Mussere nos pegaba junto con Suarez. Nos daban patadas y nos pisaban. Además nos trataban de ‘zurdos’, ‘montoneros’ y ‘guerrilleros’” y declaró que Egea estaba presente cuando fueron “liberados”.

Mariano Tripiana relató los datos que fue recabando a lo largo de estos años, así es como declaró que Héctor Daniel Lozano, había comentado que en la época de la dictadura le hicieron conducir un camión del Ejército con bolsas sospechosas que eran descargadas en una zona de médanos. Identificó a un hombre de apellido Domínguez, que tiene una zapatería que habría participado en la detención de su padre como fuerza de apoyo de la Policía de Mendoza. Ofreció un video que le que le entregó Pedro González que trabajaba en Tribunales en esa época, donde aparecerían implicados en las detenciones. Entregó al Tribunal una foto de uno de los "más golpeadores", un oficial de Policía Federal de nombre Bustamante y un militar. Asimismo declaró que el hijo del comisario Loyola, había comentado que algunos cuerpos de desaparecidos habían sido arrojados en un barranco de la yesera que actualmente explota una conocida firma de San Rafael.

Daniel Lozano, hizo el servicio militar en el tiempo en que Tripiana estaba detenido. Era el encargado de manejar una camioneta F100 en la que trasladaban distintos “objetos”, salían habitualmente de noche y en uno de esos viajes cargaron una bolsa negra en una casa ubicada frente a la Plaza San Martín de San Rafael, donde operaba Inteligencia, y partieron fuera de los límites de la ciudad, cerca de una planta olivícola, y luego por una huella hasta llegar a una zona de médanos, allí los militares descargaron la bolsa y se demoraron una hora y media. Por la tarde se realizó el reconocimiento del lugar señalado por Lozano que el Tribunal ordenó, en El Usillal. El puestero que habita en la zona, recordó que en las inmediaciones vivía un militar retirado de apellido Atencio, que había prestado servicios en Campo Los Andes.

Carlos Alfredo Ceferino Loyola, hijo de un comisario, ya fallecido, aseguró que su padre nunca le contó nada de su trabajo.

También declaró Hugo Ramón Trentini, que fue condenado por la muerte de Sebastián Bordón, que explicó que entre 1975 y 1976 fue afectado a la lucha antisubversiva y por tanto conoce a todos los imputados, pero que respecto de la noche del 31 de marzo en que supuestamente fue liberado Tripiana y Sandoval él no trabajó, pese a figurar presente en el Libro de Novedades, por lo que el Fiscal Dante Vega pidió compulsa por falso testimonio.

Armando Dauverné, quien relató el operativo en la casa de sus padres, el 4 de abril de 1976, encabezado por militares y policías, donde fue golpeado, detuvieron a su padre y llamativamente se dirigieron hacia la habitación de su hermana en busca de un álbum fotográfico que tenía una foto de Susana Sanz. En dicha oportunidad, Guevara se identificó como quien comandaba el operativo. Su hermana y cuñado también fueron detenidos e interrogados por el paradero de Susana Sanz, quien ya se encontraba exiliada en España. A su hermana María Ester "se la llevaron con su hijito de un año y medio y con un embarazo de alto riesgo”. A mi sobrino lo fui a buscar y ahí me dieron otra serie de brutales golpes". Declaró también que mientras torturaban a su padre la venda se corrió y le permitió reconocer entre sus torturadores a Labarta y a Fierro (fallecido), puesto que habían sido amigos suyos. También relató que ante la falta de noticias respecto a su hermana y cuñado, recurrió a Mons. Kruk, quien le contestó que “si su hermana está presa por algo será”. También acudió a la justicia, sin obtener ninguna respuesta. Reconoció a Ruiz Soppe como integrante de los grupos de tareas que allanaron repetidamente su domicilio, y a Mussere, como secuestrador y torturador. Relató como Suárez lo amenazó con matar a su padre, violar a su hermana, María Ester, y hacer desaparecer al cuñado, Hugo Riera, si él no le decía donde estaba Susana Sanz. Contó que tiempo después su cuñado fue liberado en las inmediaciones de una bodega, un sitio oscuro y apartado, donde solían liberar a las personas que habían sido “chupadas”. Asimismo, declaró que Loyola (el hijo del comisario) en varias oportunidades refirió que “los desaparecidos están enterrados en una mina de yeso en Malargüe”, mencionó que en el edificio donde funcionaba Sanidad Policial, se encontraban los ficheros del D2, que fueron enterrados en el patio y señaló al periodista Edgar Martín Ferreira (de LV4) como integrante de la SIDE y mencionó a su colega Hermes Díaz, como parte de los que elaboraron listas para los militares, junto a Quiroga y Atencio, quien actualmente trabaja en la delegación de OSEP. Agregó, además, que el imputado Labarta se acercó a amenazar a su madre de 90 años cuando se encontraba en la plaza San Martín. "Le dijo que tuviera cuidado con lo que decía en el juicio porque podían volver".

También se incorporaron testimonios por lectura, en razón de haber fallecido los testigos entre la declaración y la realización del juicio oral. Tal es el caso de Carlos Blas Baez Koltez, quien fue el segundo de la Unidad Regional que comandó Ruiz Soppe en los primeros meses de la dictadura militar de 1976. El ex policía se presentó espontáneamente en el año 2003 ante la Justicia federal y declaró en dos oportunidades que había estado en un lugar donde sepultaron a una víctima de la dictadura militar y que, junto a él, estaban el mayor Luis Suárez, ya fallecido, y uno de los imputados en el juicio de San Rafael, Raúl Ruiz Soppe.

Pero tal vez el relato más sorprendente hasta ahora, haya sido el del ex militar y hoy policía Roberto Reyes, quien declaró que en 1967 tomó un curso antiguerrilla en Tartagal, Salta, impartido por 20 militares "rangers" que llegaron desde Estados Unidos  para entrenar a unos 200 pares argentinos. “El curso contaba con manuales y procedimientos para efectuar todo tipo de torturas a los detenidos. Estas técnicas tenían como fin —explicó Reyes— obtener información de las personas arrestadas para llevarlos hasta sus compañeros o militantes, y que las torturas eran tan fuertes que algunos pedirían que los maten, les explicaron los rangers a los argentinos. Sin embargo, los estadounidenses terminaron aprendiendo cómo maltratar a las personas, es decir, que nuestros connacionales eran más despiadados que los instructores del norte del continente.”.

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